En un post anterior hacíamos referencia a la Ley 27.308, mediante la cual se dispuso la fusión de los juzgados y tribunales nacionales con competencia criminal y correccional en la Capital Federal.
La ley había entrado en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial pero, según su texto, se dejaba supeditada la "implementación" hasta que lo decidiera una Comisión Bicameral que había sido creada con motivo del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, el que también se encuentra en periodo de vacatio legis.
Esta doble categoría de leyes que entran en vigencia pero no rigen parece no estar contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación pero ocurre. Y no por delegacióm legislativa a la autoridad de aplicación sino por delegación interna; y, así, los propios legisladores se apuran a aprobar lo que luego reconocen que fue prematuro.
Lo cierto es que ahora, mediante una disposición (¿resolución con carácter de ley?) de la Comisión Bicameral
de Monitoreo e Implementación del Nuevo
Código Procesal Penal de la Nación, se estableció el 1° de marzo de 2017 como fecha de verdadera vigencia de la ley 27.308. No discutimos la lógica de comenzar a aplicar un nuevo régimen procesal penal en esa fecha que en la práctica se reconoce como el verdadero arranque del año. Pero permítasemos sentar nuestra duda sobre la validez de los juicios que se celebren según el antiguo proceso por jueces que, por virtud de la ley 27.308, han perdido competencia.
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