Por Resolución conjunta del 12 de enero de 2018, la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de la normativa de que dimos cuenta en un post anterior (y de un antiguo criterio de hermenéutica constitucional) establecieron como criterio general de actuación que a partir de las cero horas del próximo 3 de febrero de 2018 los fiscales, defensores y asesores tutelares porteños deberán asumir la competencia de los tipos penales previstos en los arts. 125 bis, 131, 148 bis, 193 bis, 276 bis y 301 bis del Código Penal, y en la ley 27.330.
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